Presuntos crímenes de odio en Igo dan lugar a cargos y respuesta comunitaria.

Una víctima del presunto crimen de odio dijo que recibió ayuda rápidamente cuando ocurrió el incidente por primera vez, pero que desde entonces no ha tenido ningún contacto con la policía ni con la oficina del fiscal de distrito, lo que le hace temer por su seguridad.

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El imán Abu Bakr Salhuddin se dirige a una multitud reunida en la Biblioteca de Redding.
Foto de Annelise Pierce.

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Una multitud de alrededor de cincuenta personas se reunió el domingo en la Biblioteca de Redding, donde defensores de la justicia social que representan a varias organizaciones locales dieron una conferencia de prensa sobre presuntos crímenes de odio ocurridos en el condado de Shasta la semana pasada.

Tom O’Mara, de la Coalición de Justicia Igualitaria de Shasta, leyó en voz alta una carta al fiscal de distrito agradeciendo al departamento por procesar a un hombre de Igo que está acusado de los crímenes después de presuntamente disparar a una familia mientras gritaba insultos racistas.

“Miembros de una clase protegida”, leyó O’Mara de la carta, “de hecho, todos los miembros de nuestra comunidad merecen saber que nuestras fuerzas del orden reconocen y apoyan sus derechos civiles fundamentales”.

Abu Bakr Salhuddin, el imán del Centro Islámico de Redding, también se dirigió a la multitud el domingo, enfatizando cómo las palabras pueden usarse tanto para el bien como para el mal.

“Una de las enseñanzas del islam es que la lengua es muy pequeña, no pesa mucho, pero es más firme que cualquier otra cosa que conozcamos”, dijo Bakar. “Por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos, con lo que sale de nuestra boca, porque las palabras hacen a las personas”.

El presunto delito ocurrió el 8 de julio alrededor de las 8 p. m. en Igo, una zona no incorporada del condado al oeste de Redding. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Shasta, un individuo, posteriormente identificado como Timothy Ray Thompson, de 68 años, se acercó a la casa de la familia y disparó varias veces con una escopeta contra la residencia mientras gritaba insultos racistas. La familia que vivía allí, compuesta por esposo, esposa y tres hijos, se encontraba afuera en ese momento. Nadie resultó herido.

Thompson, quien también reside en Igo, ha sido acusado de un delito de odio, entre otros cargos, que incluyen amenazas con intención de aterrorizar, agresión con arma de fuego, disparos contra una vivienda habitada, abuso infantil y posesión ilegal de un arma de asalto. Las víctimas afirmaron no haber tenido contacto previo con Thompson. El incidente continúa bajo investigación. Una revisión de los documentos judiciales muestra que Thompson solo ha enfrentado cargos en Shasta una vez anteriormente, por delitos menores relacionados con el cultivo y posesión de marihuana con intención de venderla.

Mary Jane McDonald, vecina de las víctimas, habló durante la conferencia de prensa del domingo y afirmó que cree que Thompson también debería ser acusado de intento de asesinato. Habló después con Shasta Scout y explicó que el incidente le ha infundido miedo a salir, en parte porque tiene el cabello oscuro y la piel aceitunada, y teme ser identificada erróneamente como latina.

La víctima adulta del presunto delito también habló con Shasta Scout a través de un traductor, y pidió que no se revelara su nombre por razones de seguridad. Dijo que las fuerzas del orden respondieron rápidamente durante el incidente y que no hubo demoras significativas mientras esperaba la traducción por teléfono.

Pero desde el incidente, dijo que no ha tenido noticias de las fuerzas del orden ni de ningún otro funcionario sobre lo que está sucediendo en el caso, incluyendo qué cargos se han presentado, cuánto durará el proceso y si el presunto autor ha sido liberado de la cárcel. Esto le ha hecho dudar de cuánto debería temer por su seguridad.

Con voz suave y vacilante, dijo que desconocía que la calle donde se encuentra su domicilio sería compartida por las fuerzas del orden en un comunicado de prensa sobre el incidente. Añadió que deseaba haber tenido la oportunidad de considerar mudarse por razones de seguridad, señalando que, hasta que ocurrió este incidente, nunca había temido por su seguridad en el condado de Shasta.

El portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Shasta, Tim Mapes, respondió a las preguntas compartiendo un comunicado de prensa del Sheriff Michael Johnson, enfatizando que el condado se mantiene unido contra el odio, los agentes del sheriff están capacitados para identificar crímenes de odio, la singularidad de los individuos es importante y todos los presuntos crímenes de odio deben ser denunciados a la policía.

“Considerando que un presunto crimen de odio reciente ocurrido en nuestra comunidad”, escribió Johnson, “la Oficina del Sheriff del Condado de Shasta quiere hablar directamente con ustedes, las personas a quienes servimos y protegemos”.

Seamos totalmente claros: el odio no tiene cabida en el condado de Shasta —continuó el sheriff en el comunicado de pren —. Los delitos motivados por prejuicios, odio o intolerancia no solo perjudican a individuos y familias, sino que afectan profundamente nuestra identidad como comunidad. Los delitos de odio generan miedo, división y dolor; por lo tanto, no se tolerarán.

Una familiar de las víctimas declaró el domingo que ha estado traduciendo comunicados de prensa del condado al español y compartiéndolos con las víctimas con la esperanza de disipar sus temores sobre el presunto autor del crimen de la semana pasada. Dichos comunicados, todos en inglés, indican que Thompson se encuentra actualmente detenido sin derecho a fianza debido al “peligro extremo” que presuntamente representa para la sociedad.

Shasta Scout se ha comunicado con la Fiscalía del Distrito para solicitar comentarios sobre las políticas específicas para proporcionar información y recursos a las víctimas de delitos de odio. La portavoz Briona Sisneros indicó que se ha asignado un defensor de víctimas al caso y que trabajará con ellas para brindarles una amplia variedad de recursos, incluyendo los disponibles a través de la Junta de Compensación para Víctimas de California, aunque señaló que los servicios estatales suelen retrasarse.

La orientación a los fiscales del Departamento de Justicia de California indica que los fiscales deben estar preparados para ofrecer referencias comunitarias apropiadas para quienes sean víctimas de crímenes de odio.

¿Qué es un crimen de odio?

La ley de California define un delito de odio como cualquier delito motivado por el grupo social protegido, real o percibido, de la víctima. Las características protegidas incluyen el género, la nacionalidad, la raza o etnia, la religión, la orientación sexual y las discapacidades de la persona.

El Informe de Delitos de Odio de California de 2024 indica que el año pasado se produjeron 20 incidentes de este tipo en el condado de Shasta, con un total de 23 víctimas. La ley de California prohíbe a las autoridades policiales preguntar a las personas que denuncian un delito, incluido un delito de odio, sobre su estatus migratorio. Mapes, de la Oficina del Sheriff del Condado de Shasta, confirmó que no se interrogará sobre su estatus migratorio a las personas que denuncien cualquier delito.

El Protocolo de Respuesta Rápida ante Delitos de Odio de California puede ser activado por el estado en casos en que los delitos de odio resulten en homicidio, incendio provocado con daños significativos o víctimas en gran número.

El Departamento de Derechos Civiles de California ofrece recursos para las víctimas, incluyendo subvenciones que las organizaciones comunitarias pueden utilizar para brindar servicios a las víctimas, incluyendo la reubicación. Puede contactar con la Unidad de Servicios para Víctimas de la Fiscalía General de California en línea o llamando al 877-433-9060.

Los delitos de odio se pueden denunciar a través del Departamento de Derechos Civiles de California de forma anónima en línea o llamando al 1-833-8NO-HATE de lunes a viernes entre las 9 a. m. y las 6 p. m.


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Annelise Pierce is Shasta Scout’s Editor and a Community Reporter covering government accountability, civic engagement, and local religious and political movements.

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